El Presidente de Chile, José Antonio Kast, firmó este martes 6 de octubre la nueva Ley de Flagrancia, una normativa que representa un cambio significativo en el Código Procesal Penal del país. Este acto tuvo lugar en el emblemático Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, donde se dieron cita importantes autoridades del Gobierno, incluyendo al Ministro del Interior, Justicia, así como representantes de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería. Este nuevo marco legal es el primer paso dentro de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que busca dotar a las fuerzas del orden de herramientas más efectivas en el combate a la delincuencia, particularmente en las primeras horas tras la comisión de un delito.
Una de las modificaciones más destacadas que trae consigo la nueva Ley de Flagrancia es la ampliación del tiempo durante el cual se puede calificar un delito como flagrante. Anteriormente, el Código permitía que se efectuaran detenciones hasta 12 horas después de que se evidenciara el ilícito. Sin embargo, con la nueva legislación, este plazo se extiende a 24 horas en el caso de detenciones por parte de Carabineros o la Policía de Investigaciones, y hasta 48 horas cuando se trate de la Autoridad Marítima. Este cambio asegura que las fuerzas del orden puedan actuar con mayor agilidad y eficiencia en la captura de los presuntos delincuentes, reflejando un enfoque proactivo hacia el control del crimen.
Adicionalmente, la nueva ley otorga a las policías la facultad de solicitar grabaciones de cámaras de seguridad y datos de ubicación geográfica, facilitando así la labor de investigación y reconocimiento de los delitos cometidos. Sin necesidad de una orden previa del fiscal, las fuerzas del orden podrán obtener grabaciones de testigos o de cámaras instaladas en negocios y hogares. También podrán solicitar datos de georreferenciación, lo cual es crucial para la localización rápida de personas involucradas en un acto delictivo. La ley estipula que, en caso de que una persona acceda a proporcionar esta información, se deberá levantar un acta y entregar una copia, garantizando así la transparencia del proceso.
Otro aspecto relevante de la Ley de Flagrancia es el fortalecimiento del rol de la Autoridad Marítima. Este órgano, que desempeña funciones de policía marítima, ahora tendrá un reconocimiento formal como aliado del Ministerio Público en las indagaciones que este lleve a cabo. En virtud de la nueva ley, la Autoridad Marítima podrá realizar controles de identidad en embarcaciones, puertos y aguas interiores, no solo incrementando su capacidad operativa, sino también mejorando la seguridad en las áreas marítimas del país. Esta medida es vista como un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado que opera en el ámbito marítimo.
Finalmente, la nueva legislación también refuerza los poderes del Fiscal Nacional, quien ahora podrá emitir instrucciones generales sobre acciones inmediatas en casos específicos de delitos. Estas directrices serán fundamentales para determinar las acciones que se pueden llevar a cabo y establecer protocolos claros de supervisión y rendición de cuentas. En esencia, la Ley de Flagrancia busca no solo aumentar la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden, sino también garantizar un equilibrio entre la eficacia en la lucha contra el crimen y la protección de los derechos ciudadanos, aspectos cruciales en el estado de derecho.