El ministro de Economía, Nicolás Grau, ha convocado una reunión con la pesquera PacificBlu tras el anuncio de cierre de la empresa, como consecuencia del avance de la Ley de Fraccionamiento pesquero. En una entrevista con radio ADN, el ministro expresó su preocupación ante la situación, subrayando que la legislación vigente se encuentra «en entredicho» y que su proceso de tramitación no ha sido del todo transparente. Esta normativa, que busca regular y distribuir los recursos marinos entre el sector artesanal y el industrial, ha generado un álgido debate al interior del parlamento y entre los sectores involucrados.
Grau detalló que la Ley de Fraccionamiento se diseñó inicialmente para favorecer a la industria pesquera con un 57% de los recursos, mientras que el sector artesanal recibiría el 43%. Sin embargo, esta propuesta fue modificada en la Cámara de Diputados, lo que llevó a un nuevo reparto del 70% para el sector artesanal y un 30% para la industria, un cambio que posteriormente fue rechazado en el Senado. El ministro argumentó que esta falta de acuerdo ha llevado a una situación compleja y que es crucial encontrar un equilibrio que permita la coexistencia de ambos sectores, especialmente en una región como el Biobío, donde PacificBlu tiene una gran relevancia económica.
Al abordar el anuncio de cierre de PacificBlu, Grau destacó que la situación actual no es deseable para los parlamentarios, muchos de los cuales se oponen a que una planta importante en la región cierre sus puertas. «Los parlamentarios que han votado así hasta ahora no quieren que cierre una planta de esta relevancia en el Biobío,» afirmó el ministro. En este sentido, espera que la inminente reunión con la empresa pueda abrir nuevas posibilidades para encontrar soluciones que beneficien tanto a los trabajadores de la pesquera como al sector artesanal.
La reunión que se llevará a cabo tiene como objetivo que PacificBlu exponga bajo qué condiciones podría continuar sus operaciones. Grau se mostró optimista, afirmando que realizará esfuerzos para generar consensos políticos que hagan viables esas condiciones. Esta situación es crítica, ya que el cierre de la pesquera afectaría a más de 800 trabajadores directos y a otros 2.400 indirectos, lo cual tendría un impacto significativo en la comunidad local y en la economía de la región.
En conclusión, el ministro Grau enfrenta el desafío de mediar entre los intereses de la industria pesquera y el sector artesanal, en un entorno legislativo marcado por tensiones y desacuerdos. La reunión con PacificBlu no solo es una oportunidad para abordar riesgos inmediatos de desempleo, sino también un intento de rectificar una discusión legislativa que ha generado descontento. La esperanza del Gobierno es alcanzar un entendimiento que promueva la sostenibilidad de los recursos marinos y el bienestar de trabajadores en ambos sectores.