El Ejecutivo ha tomado la decisión de acelerar la tramitación de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) en el Congreso, y como parte de esta estrategia, se ha programado la discusión inmediata de diez iniciativas legales. Esta acción se fundamenta en el artículo 65 de la Constitución, el cual establece que cada proyecto legislativo debe ser debatido y despachado en un plazo no superior a seis días. La distribución de las urgencias es equitativa entre las dos cámaras del Congreso, con cinco proyectos en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados, según informa ADN Radio.
Entre los proyectos que están bajo discusión inmediata se encuentran reformas profundas al sistema de incentivos para la carrera de Carabineros, así como modificaciones que buscan fortalecer la legítima defensa de los funcionarios de seguridad pública. Asimismo, se plantea reformar la Constitución en lo relacionado a la detención asociada a expulsiones administrativas y ampliar el ámbito de acción en casos de tráfico de migrantes. También se introducen cambios significativos en el Código Penal para tipificar delitos vinculados con la identificación en eventos masivos y el control de identidad por parte de las Fuerzas Armadas durante Estados de Excepción Constitucional.
Además de las iniciativas de discusión inmediata, se ha declarado suma urgencia a diez proyectos adicionales, que incluyen la modificación de las reglas sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y el aumento de las penas por atentados contra la autoridad. Otras medidas bajo esta etiqueta buscan establecer protocolos más claros en situaciones de flagrancia y tipificar el delito de ingreso clandestino al país, así como el reclutamiento de menores para actividades delictivas. Estas reformas se presentan como vitales para la protección de la infraestructura crítica de la nación frente a la creciente amenaza del crimen organizado.
Por otro lado, también se han presentado tres iniciativas bajo la calificación de urgencia simple, que incluyen reformas constitucionales para fortalecer el sistema de seguridad pública, así como modificaciones que buscan proteger la seguridad portuaria y delimitar la aplicación de tipos penales relacionados con abusos de funcionarios públicos. Este movimiento legislativo es percibido como un esfuerzo por parte del gobierno de José García Ruminot de responder a la creciente preocupación de la ciudadanía sobre la inseguridad y la violencia asociada tanto al crimen organizado como al terrorismo.
La iniciativa de agenda legislativa ha suscitado ciertos debates, especialmente en torno a la polémica reforma constitucional que establece un nuevo régimen de excepción, que ha sido criticada por diversos sectores. Sin embargo, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, ha reiterado la determinación del gobierno de avanzar con urgencia en estas medidas de seguridad, enfatizando que «la agenda de seguridad es la agenda de los chilenos». Con el respaldo legislativo, el gobierno busca otorgar a las fuerzas de seguridad mayores herramientas para combatir el crimen organizado y garantizar la tranquilidad de la población.