En un fallo que ha generado controversia, el 16° Juzgado Civil de Santiago ha desestimado la demanda presentada por la familia de Katherine Winter, una joven cuya trágica muerte en 2018 fue vinculada al acoso escolar que sufría en el colegio Nido de Águilas. A pesar de que el tribunal reconoció la responsabilidad del establecimiento educativo en la negligencia que contribuyó a este lamentable suceso, decidió no otorgar la compensación económica de $350 millones que la madre reclamaba, abriendo una nueva brecha en el diálogo sobre el acoso escolar en Chile.
La corte fundamentó su decisión en el hecho de que los plazos de prescripción legales habían vencido, argumentando que más de cinco años habían pasado desde que ocurrieron los hechos hasta que se presentó la demanda. Esto levanta preguntas críticas sobre el marco legal que rige la responsabilidad civil y cómo se manejan los casos que involucran acoso escolar. Con un panorama donde los derechos de los estudiantes a un entorno seguro y sin acoso deberían ser prioritarios, la decisión del tribunal ha dejado a muchos cuestionando si las políticas actuales son suficientes.
La discusión sobre la prescripción de los hechos es compleja. La familia de Katherine argumentó que el periodo debió contarse desde la presentación de la acción judicial, lo que habría permitido que la causa prosperara. No obstante, el tribunal optó por interpretar los plazos de manera tradicionales, dejando a la familia sin la compensación esperada. Este desenlace invita a considerar si es momento de reformar las leyes relacionadas con la prescripción en casos tan sensibles, donde las víctimas pueden tardar en buscar justicia por diversas razones relacionadas con el trauma.
A raíz de este fallo, se reanuda el debate sobre la necesidad de establecer medidas efectivas en los colegios para prevenir el acoso escolar. Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de garantizar un ambiente seguro y de bienestar emocional para sus estudiantes. Especialistas en derechos de los niños y la educación han enfatizado la urgencia de implementar políticas más contundentes que protejan a las víctimas de bullying y que tomen acción decisiva para erradicar esta problemática.
Este caso, aunque trágico, debe servir como catalizador para el cambio. La comunidad educativa, así como los legisladores, deben reflexionar sobre cómo mejorar el apoyo a las víctimas y establecer procedimientos claros que no solo aborden las consecuencias del acoso, sino que también fomenten una cultura de respeto y solidaridad entre los estudiantes. La pregunta final, que invita a la reflexión en la sociedad chilena, es si debemos revisar y actualizar las leyes sobre prescripción en casos de bullying para asegurar que la justicia esté al alcance de quienes sufren en silencio.