El aumento de despidos por “necesidades de la empresa” ha generado una creciente preocupación entre trabajadores y autoridades en Chile. Según estadísticas oficiales, entre enero y agosto de este año se han registrado 336.830 desvinculaciones bajo esta causal, lo que significa un incremento del 5,5% en comparación con el mismo período del año anterior, convirtiéndose en el nivel más alto desde 2020. Esta alarmante tendencia ha llevado a varios parlamentarios a considerar la reactivación de proyectos de ley que buscan establecer requisitos más estrictos para justificar estos despidos, ya que se argumenta que muchas veces se utilizan de manera excesiva y sin razones válidas.
Andrés Giordano, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, enfatizó la urgencia de abordar esta situación durante su última intervención: «La alza de despidos por necesidades de la empresa es de máxima importancia, especialmente en el contexto actual donde el desempleo se discute ampliamente, pero los despidos ilegales que a menudo lo agravan quedan en el tintero». Actualmente hay dos proyectos de ley en discusión: uno promovido por Giordano y su colega Gael Yeomans, y otro de la diputada María Candelaria Acevedo. Ambas propuestas buscan regular el uso de esta causal, requiriendo a los empleadores que justifiquen adecuadamente los despidos con razones objetivas y comprobables.
El proyecto impulsado por Giordano y Yeomans se centra en modificar el artículo 161 del Código del Trabajo, el cual permite al empleador despedir a un trabajador bajo la justificación de necesidades de la empresa, pero desde una perspectiva que los autores consideran demasiado vaga. «Más del 90% de los despidos impugnados en tribunales laborales son declarados ilegales», subrayó Giordano, lo que evidencia la necesidad de una definición más detallada y específica. La propuesta busca introducir requerimientos claros para que los despidos se basen en datos técnicos y económicos sólidos, y que, además, el empresario no pueda reemplear al trabajador eventualmente despedido.
Por su parte, el proyecto de la diputada Acevedo, presentado en marzo de 2025, también apunta a una mayor rigurosidad en el proceso de despido. Este plantea que cualquier desvinculación bajo la causal de necesidades de la empresa debe estar sustentada en informes técnicos objetivos que validen tales decisiones. Acevedo remarcó que no se permitirán criterios sin respaldo en dichos informes, lo que podría generar un cambio significativo en la manera en la que las empresas manejan sus recursos humanos.
Finalmente, el diputado Giordano anunció que el análisis de estas iniciativas se realizará una vez que se concluya con la tramitación de un proyecto relacionado con salud y seguridad laboral. Mostrando un enfoque hacia la colaboración, Giordano expresó su deseo de alcanzar un consenso político que facilite una legislación efectiva y no solo simbólica. «Nuestro objetivo es avanzar hacia una normativa que proteja a los trabajadores y que se ajuste a la realidad actual del mundo laboral en Chile», concluyó, dejando claro que la protección de los derechos laborales es una prioridad ineludible.