La Contraloría de La Araucanía ha emitido un alarmante informe que señala serias deficiencias en el monitoreo volcánico y en la gestión de riesgos relacionados con el volcán Villarrica. Esta auditoría, realizada al Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (OVDAS), pone de manifiesto problemas significativos que podrían comprometer la seguridad de las comunidades en riesgo ante un posible desastre natural. Las autoridades se están esforzando por garantizar que los recursos públicos se administren de manera efectiva, con el objetivo de salvaguardar a la población de la región y asegurar que los planes de emergencia estén debidamente actualizados y operativos.
Entre las deficiencias detectadas, el informe indica que 597 equipos destinados al monitoreo volcánico están sin uso en la bodega del OVDAS, algunos de ellos adquiridos hace más de 12 años. Esta situación no solo refleja una mala gestión de recursos, sino que también podría resultar en la obsolescencia tecnológica, limitando las capacidades de respuesta ante emergencias. Además, el Plan Regional de Emergencia y el Plan Específico de Emergencia por Erupción del Volcán Villarrica no han sido revisados en años, a pesar de que la normativa exige actualizaciones cada dos años, dejando a más de 15 mil edificaciones en zonas de alto riesgo sin la debida supervisión territorial.
Particularmente preocupante es la situación de 491 edificaciones en Chaillupén, que carecen de cobertura para recibir alertas del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). De estas, 130 se encuentran en áreas catalogadas como de alto peligro volcánico. Esto pone en riesgo significativo a los residentes, quienes podrían no recibir las alertas necesarias en caso de una erupción del volcán Villarrica. La falta de infraestructura adecuada para la transmisión de alertas subraya la urgencia de mejorar la comunicación y los mecanismos de aviso para proteger a la población.
En lo que respecta a la evacuación, el informe también destacó irregularidades en el Plan Específico de Emergencia Villarrica. Se encontró un Punto de Encuentro Transitorio (PET) situado en una zona de alto riesgo de lavas y lahares, lo que contradice las normas de seguridad. Además, se identificó falta de señalización en varios sitios de evacuación, así como restricciones físicas que dificultarían el acceso durante una emergencia, debilitando aún más la efectividad de los planes de evacuación establecidos.
Finalmente, la Contraloría ha decidido iniciar un reparo sobre el contrato de monitoreo permanente, con implicaciones financieras por multas no cobradas y garantías ausentes, así como podría iniciar un procedimiento disciplinario a través de Sernageomin. La Contraloría ha instado a las autoridades pertinentes, incluyendo a Senapred y a los municipios de Villarrica y Pucón, a tomar medidas inmediatas. Es fundamental que los planes de emergencia se actualicen, se fiscalicen las áreas rurales y se coordinen acciones para garantizar la seguridad de la población, especialmente ante el inminente riesgo que representa el volcán Villarrica.