El Consejo General de Fiscales se reunió en una sesión extraordinaria con el objetivo de abordar una problemática de relevancia para la integridad del Ministerio Público en Chile. Esta reunión se centró en el sorteo de la terna de fiscales que deberá investigar si el fiscal nacional, Ángel Valencia, vulneró la Ley de Lobby tras haberse reunido, poco después de asumir su cargo, con el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior Andrés Chadwick. La instancia fue convocada en respuesta a un mandato de la Tercera Sala de la Corte Suprema que ordenó activar un procedimiento administrativo para esclarecer si hubo un incumplimiento en el deber de registro de audiencias, estipulado por la mencionada ley.
En el contexto de esta controversia, la historia comenzó cuando, en octubre pasado, Ángel Valencia admitió que había mantenido una reunión con Hermosilla y Chadwick “por un tema personal”. Sin embargo, su declaración tomó un giro inesperado cuando reveló que, al final del encontro, Hermosilla intentó discutir un caso relacionado con el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. Este incidente llevó a diputados del Partido Comunista a solicitar que se aplicara la Ley de Lobby para asegurar la transparencia y la correcta aplicación de las normativas que rigen las audiencias con lobbistas.
Inicialmente, el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, desestimó la solicitud presentada por los parlamentarios, una decisión que no pasó desapercibida y que fue llevada ante la Corte Suprema por los propios diputados. La respuesta de la Corte fue clara al ordenar al Ministerio Público que se activara el procedimiento administrativo correspondiente, llevando a cabo la revisión de los hechos y de las implicancias legales de la situación. Este requerimiento subraya la importancia que tiene la Ley de Lobby en el mantenimiento de la transparencia en las relaciones entre los funcionarios públicos y los lobbistas.
Durante la sesión extraordinaria, el sorteo dio como resultado a los fiscales regionales Mario Carrera, de Arica; Xavier Armendáriz, de Metropolitana Centro Norte; y Roberto Garrido, de La Araucanía, como miembros de la terna que evaluará la situación de Valencia. Sin embargo, se presentó una complicación cuando Armendáriz solicitó un plazo adicional de 48 horas para presentar formalmente una inhabilidad. Este pedido está vinculado al hecho de que su jurisdicción ha estado involucrada en investigaciones que incluyen a Hermosilla y Chadwick, así como a una querella presentada contra Valencia por violación de secreto, lo que podría generar un conflicto de interés en su evaluación.
El Consejo General de Fiscales no avanzó en dar plazos específicos para la deliberación de la terna, pero reafirmó que el procedimiento se encuentra formalmente en curso. Esto resalta el compromiso del sistema judicial chileno con la transparencia y la legalidad, a la vez que pone en relieve las complejidades que enfrenta la administración de justicia en el país. La resolución sobre la eventual inhabilidad de Armendáriz es clave para asegurar la imparcialidad del proceso, que se desarrollará bajo la lupa de la opinión pública y en cumplimiento del mandato de la Corte Suprema.