La Cámara de Diputados y Diputadas ha dado un importante paso en la reformulación del sistema de responsabilidad penal adolescente al aprobar la iniciativa que modifica la legislación vigente, conocida como el boletín 15.589. Esta propuesta, impulsada por legisladores del partido Renovación Nacional, liderados por el diputado Andrés Longton Herrera, ahora avanza al Senado, donde se iniciará su segundo proceso legislativo. La votación se llevó a cabo en una sesión donde se mostró un amplio respaldo a las indicaciones que fueron previamente aprobadas por la Comisión de Constitución. Las modificaciones buscan endurecer las sanciones para adolescentes que cometen delitos graves, una medida que ha generado un intenso debate en el ámbito legislativo y la sociedad civil.
Una de las modificaciones más significativas establece que los delitos de alta connotación social perpetrados por jóvenes de entre 14 y 16 años tendrán la misma penalidad que aquellos cometidos por adolescentes de 16 a 18 años. Esto significa que las condenas para estos jóvenes pueden llegar hasta los diez años, el doble del límite que se aplica actualmente. Esta decisión refleja un cambio en la orientación del sistema penal hacia una postura más severa frente a las conductas delictivas de menores, con el objetivo declarado de proteger a la sociedad y a las víctimas de estas infracciones.
Entre otros cambios, se elimina la atenuante de irreprochable conducta anterior para aquellos mayores de 16 años que hayan sido condenados por delitos graves en su adolescencia. Esta modificación ha sido motivo de controversia, pues algunos argumentan que podría afectar las oportunidades de rehabilitación de los jóvenes, mientras que otros sostienen que es necesaria para que se haga justicia ante delitos de alta gravedad. Este nuevo enfoque legal también pretende ajustar las normativas en torno a los recursos de apelación y a las sanciones por quebrantamientos de la internación provisoria, estableciendo que quienes infrinjan estas medidas no podrán solicitar beneficios judiciales durante un año.
El inicio de la vigencia de estas nuevas disposiciones está previsto para el 13 de enero de 2026, un marco temporal que permite a las autoridades y a los involucrados en el sistema de justicia prepararse para su implementación. Defensores de la iniciativa argumentan que es fundamental reforzar la respuesta del Estado ante los graves delitos cometidos por menores y garantizar que las voces de las víctimas sean consideradas en el proceso judicial. Sin embargo, esta postura no ha estado exenta de críticas, ya que muchos temen que el endurecimiento de las penas entorpezca la filosofía de rehabilitación y reinserción social promovida en la reciente implementación del Sistema de Reinserción Social Juvenil.
Las tensiones entre los partidarios de esta legislación y sus detractores subrayan la complejidad del debate en torno a la responsabilidad penal juvenil en el país. Mientras algunos abogan por un enfoque más punitivo que responda a la inseguridad creciente, otros reclaman una revisión más matizada que priorice la rehabilitación, la reinserción y el tratamiento adecuado de los jóvenes en conflicto con la ley. Este tema continuará ocupando un lugar central en la agenda política y social chilena mientras avanza el proceso legislativo en el Senado.