Este miércoles, el Director General de Aeronáutica Civil (DGAC), el general de brigada aérea (A) Humberto Fernández Pittari, compareció ante el Senado en una sesión especial dedicada a la investigación sobre la llegada de niños haitianos a Chile. Esta investigación Aborda graves acusaciones que involucran presuntos casos de cohecho y trata de personas menores de edad. En un entorno de creciente preocupación social y política, Fernández se presentó con el objetivo de aclarar el papel de la DGAC en este asunto y proporcionar información relevante que pudiera ayudar a esclarecer la situación.
Al iniciar su intervención, el Director General explicó que la principal función de la DGAC es garantizar la seguridad en las operaciones aéreas. Destacó que esto incluye el cumplimiento de varios protocolos críticos, como la validación de licencias de pilotos, el mantenimiento adecuado de las aeronaves y la verificación del estado de las pistas de aterrizaje. Fernández enfatizó que su labor está estrictamente orientada a las operaciones de vuelo, lo que limita su capacidad para intervenir directamente en el contexto de las denuncias de tráfico de migrantes que afectan a los menores en cuestión.
Fernández también hizo hincapié en que la DGAC no dispone de protocolos específicos para detectar el tráfico de migrantes, argumentando que su función no incluye la supervisión de los listados de pasajeros. Según explicó, estos listados son controlados exclusivamente por las aerolíneas y la Policía de Investigaciones (PDI). Aclaró que, aunque la DGAC tiene la responsabilidad de supervisar aviones y tripulaciones, no tiene potestad sobre los pasajeros, cuyo registro se torna crucial en casos como el que actualmente se investiga.
El general de brigada también abordó las medidas que se toman en caso de detectar delitos. En tales circunstancias, la DGAC está obligada a notificar a las autoridades competentes, incluyendo al Ministerio Público y a las fuerzas de orden. En este sentido, Fernández reveló que ya se había notificado a una aerolínea por presuntos incumplimientos relacionados con el transporte de pasajeros, donde se denunciaba que un adulto había viajado con ocho menores, cuando la norma establece un límite de cuatro. Esta medida responde a la gestión de seguridad para garantizar que un adulto pueda ayudar efectivamente a los menores en situaciones críticas.
Finalmente, el Director de la DGAC concluyó que su enfoque siempre se centra en la seguridad de las operaciones, descartando la idea de que su autoridad se extienda a la supervisión migratoria o a la revisión de antecedentes personales de los pasajeros. A medida que avanza la investigación, queda en claro que las responsabilidades de la DGAC son distintas y limitadas en comparación con las expectativas que la ciudadanía podría tener sobre su alcance en materias relacionadas con la trata de personas.