En un significativo avance hacia la regulación y la seguridad en el sector agropecuario, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Casa de Moneda de Chile y las asociaciones ANASAC, AFIPA e IMPPA han formalizado un convenio de colaboración que da vida a una mesa de trabajo público-privada. Esta iniciativa tiene como fin principal el diseño de un piloto de trazabilidad y seguridad digital que permitirá identificar el origen de los productos fitosanitarios, evitando manipulaciones durante su distribución y orientándose hacia una norma nacional de etiquetado. La creación de esta mesa es un paso clave para fortalecer la fiscalización, elevar los estándares regulatorios y garantizar una mayor transparencia en la comercialización de insumos agrícolas.
En detalle, el convenio incluye el desarrollo de un piloto que validará un sistema de etiquetado utilizando tecnologías de seguridad innovadoras, como códigos QR seguros y elementos antifalsificación proporcionados por la Casa de Moneda. Estas herramientas están destinadas a asegurar la autenticidad de los productos fitosanitarios, eliminar emisiones no autorizadas y facilitar el rastreo a lo largo de toda la cadena de comercialización. Según Ángela Movillo, Gerenta Comercial de la Casa de Moneda, este esfuerzo representa una importante oportunidad para modernizar las regulaciones del país y elevando la seguridad y trazabilidad en sectores estratégicos de la economía chilena.
Actualmente, en Chile existen más de 1.400 productos fitosanitarios autorizados junto a cerca de 300 empresas dedicadas a su fabricación e importación. Sin embargo, la trazabilidad sigue siendo un desafío importante debido a las brechas existentes, lo que complica el control de distribución y uso, especialmente en áreas donde su uso está restringido. Esto es particularmente crítico en el contexto de la Ley REP, que demanda un control estricto en la gestión de envases. La situación resalta la necesidad urgente de un sistema robusto de trazabilidad que garantice la seguridad de los consumidores y la integridad del sector agrícola.
El Director Nacional del SAG enfatizó que la trazabilidad es más que una simple exigencia técnica: es un compromiso hacia el consumidor y un deber estatal. «Hoy damos un paso concreto para alinear la tecnología con un objetivo público: asegurar que cada producto pueda ser identificado y verificado desde su origen hasta su uso final», afirmó. Este esfuerzo, además de significar un avance en la seguridad y fiscalización, busca establecer un estándar mínimo que pueda escalarse como futura norma nacional, brindando mayor certeza jurídica y orden en la cadena de distribución.
El contexto actual en Chile, marcado por el aumento del mercado negro y la necesidad de mejorar la trazabilidad, hace que la colaboración entre el sector público y privado sea fundamental. Desde ANASAC, IMPPA y AFIPA se destaca la urgencia de contar con tecnologías que no solo fortalezcan la seguridad en el uso de insumos agrícolas, sino que también protejan mejor los productos en un entorno cada vez más competitivo. Estas iniciativas están alineadas con los desafíos de fiscalización, seguridad sanitaria y cumplimiento ambiental, posicionando a Chile como un referente en trazabilidad fitosanitaria y control de insumos agrícolas.