Una operación coordinada en tres regiones del país ha resultado en la detención de un total de 19 individuos, entre ellos 12 funcionarios de Gendarmería. Este operativo se enmarca dentro de una investigación por narcotráfico, soborno y asociación ilícita que se desarrollaba dentro de las prisiones. La información fue reportada por ADN Radio y revela la complejidad de la red criminal que operaba al interior de los recintos penitenciarios del país, particularmente en Iquique, Alto Hospicio, Biobío y La Araucanía.
La Fiscalía Regional de Tarapacá, en conjunto con la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), llevó a cabo este procedimiento tras un año de exhaustivas indagaciones. Trinidad Steinert, fiscal regional, detalló el papel de los gendarmes en facilitar la entrada y venta de drogas tanto a internos como a sus propios colegas dentro de los recintos. La magnitud de esta red criminal sugiere una grave infiltración del crimen organizado en las instituciones penitenciarias.
La persecución penal se intensifica, ya que los 19 detenidos serán formalizados por delitos de tráfico de drogas y cohecho. En algunos casos, la fiscalía solicitará prisión preventiva para los involucrados, lo que refleja la determinación de las autoridades para desmantelar estas estructuras delictivas. Steinert también mencionó que las detenciones se enmarcan en un plan más amplio para recuperar la seguridad dentro de los penales y evitar que el narcotráfico continúe en crecimiento.
Durante los allanamientos realizados en diferentes puntos, se incautaron no solo drogas, sino que también armas, municiones, vehículos y celulares, así como más de $13 millones de pesos y 7 mil euros. Este material evidencia la sofisticada logística que respaldaba las operaciones de la red criminal. Por su parte, Rubén Pérez, director nacional de Gendarmería, confirmó que uno de los detenidos sería el líder de esta organización, señalando la necesidad de una depuración interna.
El Gobierno, a través del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la colaboración efectiva entre la PDI, el Ministerio Público y Gendarmería en esta operación. Cordero enfatizó que acciones como estas son esenciales para combatir la corrupción y el crimen organizado que se infiltra en las instituciones del Estado. La situación evidenciada en esta investigación pone de relieve los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario en Chile y la urgente necesidad de implementar reformas que garanticen la integridad de sus operaciones.